Hay una mirada sobre la distribución de la renta en nuestras sociedades que resulta chocante.
En los países para los que existen datos, alrededor de seis de cada diez personas tienen una renta inferior a la media. En los 81 países analizados, no hay una sola excepción.
Es decir, si sentáramos a diez ciudadanos alrededor de una mesa, aproximadamente seis ganarían menos que la media y cuatro más.
Y quien gana tres veces más aporta tres veces más renta y, probablemente, más de tres veces en impuestos. Pero esa diferencia de renta y contribución desaparece en las urnas.
Los euros no votan. Las personas sí. Un hombre, un voto.
Antes de que empiece una campaña electoral existe, por tanto, una mayoría potencial situada por debajo de la renta media.
Eso no significa que esa mayoría vote como un bloque, ni que su objetivo sea la redistribución. Votamos por muchas razones. Pero la mayoría existe y los políticos necesitan construir mayorías.
Una política que proporciona beneficios visibles e inmediatos a muchos puede tener una ventaja electoral, especialmente cuando sus costes son menos visibles, están dispersos o aparecen más tarde.
No hace falta suponer malas intenciones. Simplemente, los incentivos actúan.
Y aquí empieza el problema.
Los seis pueden ganar las elecciones. Pero una economía prospera cuando entre los diez hay personas que quieren convertirse en uno de los cuatro.
Una economía crece cuando las personas encuentran razones para producir más: formarse, asumir responsabilidades, invertir, emprender, innovar o simplemente hacer mejor su trabajo.
Todas esas decisiones suponen un esfuerzo y se toman, entre otras razones, porque existe la expectativa de una recompensa.
El Estado puede gravar la riqueza ya creada. Pero también puede reducir el incentivo para crear la siguiente.
No hace falta que elimine la recompensa. Basta con reducirla. En algún punto, para algunas personas, el esfuerzo adicional deja de compensar.
También puede hacer lo contrario: crear las condiciones para que producir más, invertir y asumir riesgos resulte más atractivo.
Los efectos no se ven al día siguiente.
Alguien decide no asumir una responsabilidad adicional. Otro no monta la empresa que estaba considerando. Una compañía hace su próxima inversión en otro lugar. Otros se van.
Son decisiones individuales razonables.
El problema aparece cuando muchas empiezan a apuntar en la misma dirección.
España ofrece una señal interesante.
Entre 2008 y 2016, el salario del trabajador situado en el centro de la distribución se mantuvo en 2,1 veces el salario mínimo. Hoy es apenas 1,5 veces. El dato no explica por sí solo las causas, pero sí plantea una pregunta.
¿Por qué el centro de los salarios no se ha alejado hacia arriba?
Una economía no prospera cuando su salario mínimo sube, sino cuando menos trabajadores lo cobran.
El salario mínimo puede elevarse por decreto. Para que los salarios se alejen de él hacen falta productividad, inversión, capital, empresas capaces de competir y ciudadanos que generen más valor.
Lo primero puede hacerse mañana. Lo segundo tarda años.
Y ahí está quizá la mayor asimetría. El beneficio político de una decisión puede ser inmediato, mientras sus efectos sobre inversión, capital, productividad y salarios pueden tardar varias legislaturas en manifestarse. Cuando lo hagan, probablemente gobernará otro. Es un mecanismo que recuerda a la tragedia de los comunes: decisiones individualmente razonables cuyo coste acumulado solo se hace visible mucho después.
La cuestión no es, por tanto, el tamaño del Estado en abstracto, sino si sus decisiones favorecen o dificultan la creación de más valor a largo plazo.
Una mayoría puede decidir legítimamente cómo repartir la riqueza.
Lo que no puede votar es que esa riqueza se produzca.